Lo leí hace unos días: «La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a seis de las mayores constructoras españolas (Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) por alterar durante más de 25 años “miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras como hospitales, puertos o carreteras”. Según afirma el supervisor de competencia, las constructoras se reunían semanalmente para intercambiar información y decidir los contratos en los que compartirían “trabajos técnicos”.» (Muñoz, Ramón, El País, 07-07-2022).
Y se me ocurre que la cantidad impuesta por la CNMC habrá resultado irrisoria para las empresas multadas, que, quizás, ya la tendrían en cuenta —incluso una cantidad mucho mayor— como calderilla para sus imprevistos cuando llegara el caso.
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